Hay que aplaudir la valerosa decisión del gobierno de Uruguay y de su presidente, José Mujica, de proponer al Parlamento una ley legalizando el cultivo y la venta de cannabis. De ser aprobada -lo que parece seguro, pues el Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras y, además, hay diputados y senadores de los partidos de oposición, Blanco y Colorado, que aprueban la medida-, ésta infligirá un duro revés a las mafias que, de un tiempo a esta parte, utilizan a ese país no sólo como mercado de la droga, sino como una plataforma para exportarla a Europa y Asia. Esta ley forma parte de una serie de disposiciones encaminadas a combatir la "inseguridad ciudadana", agravada de un tiempo a esta parte en Uruguay, al igual que en toda América latina, por la criminalidad asociada al narcotráfico.
"Alguien tiene que ser el primero", declaró el presidente Mujica a O'Globo, de Brasil. "Alguien tiene que empezar en América del Sur. Porque estamos perdiendo la batalla contra las drogas y el crimen en el continente." Y el ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, señaló, como razón central de este paso audaz, que "la prohibición de ciertas drogas le está generando al país más problemas que la droga misma". No se puede decir de manera más lúcida y concisa una verdad de la que tenemos pruebas todos los días, en el mundo entero, con las noticias de los asesinatos, secuestros, torturas, atentados terroristas, guerras gansteriles, que están sembrando de cadáveres inocentes las ciudades del mundo, y el deterioro sistemático de las instituciones democráticas de los países, cada día más numerosos, donde los poderosos carteles de la droga corrompen funcionarios, jueces, policías, periodistas y a veces deciden los resultados de las justas electorales. La prohibición de la droga sólo ha servido para convertir al narcotráfico en un poder económico y criminal vertiginoso que ha multiplicado la inseguridad y la violencia y que podría muy pronto llenar el Tercer Mundo de narco-Estados.
Según las primeras informaciones, este proyecto de ley pondrá en manos del Estado uruguayo el control de la calidad, cantidad y precio de la marihuana, y los compradores deberán registrarse y tener cumplidos 18 años de edad. Cada comprador podrá adquirir un máximo de 40 porros al mes y los impuestos que graven la venta se emplearán en tratamientos de rehabilitación y de prevención y en la creación de un centro de control de calidad del producto. En un comentario a la iniciativa uruguaya que leo en Time Magazine, por lo demás muy favorable a la medida, se recuerda el mal administrador que suele ser el sector público, y con buen juicio se deplora que no se deje en libertad al sector privado de llevar a cabo esta tarea, eso sí, bajo una estricta regulación.
En ese mismo ensayo se examina lo ocurrido en Portugal, donde desde hace una decena de años se legalizó de manera parcial la marihuana sin que ello haya traído consigo el aumento del consumo de drogas más fuertes, que es lo que suelen alegar que ocurrirá los que se oponen de manera irreductible a la legalización de las llamadas drogas blandas. Time Magazine recuerda además que, según las últimas encuestas, un 50% de los ciudadanos de Estados Unidos se declaran a favor de la legalización del cannabis. Extraordinaria evolución cuando uno recuerda la tempestad de críticas, y hasta de injurias, que recibió hace algunas décadas Milton Friedman cuando defendió la legalización de las drogas y predijo el absoluto fracaso de las políticas de represión en las que los gobiernos de Estados Unidos han gastado ya muchos billones de dólares.
El gobierno de Uruguay, al atreverse a legalizar la marihuana, hace suyos muchos de los argumentos y estudios que viene difundiendo la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, que encabezan los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, y de la que yo mismo formo parte con otras 18 personas, de distintas profesiones y quehaceres, de la región. Recibida al principio con reticencias y preocupación, y a veces duras críticas, esta Comisión ha ido ganando audiencia y respetabilidad por la seriedad de sus trabajos, en los que han participado siempre especialistas destacados, por su espíritu dialogante y la clara vocación democrática que la inspira.
El problema de la droga ya no sólo concierne a la salud pública, al descarrío de tantos niños y jóvenes a que muchas veces conduce, y ni siquiera a los terribles índices del aumento de la criminalidad que provoca, sino a la misma supervivencia de la democracia. La política represiva no ha restringido el consumo en país alguno, pues en todos, desarrollados o subdesarrollados, ha seguido creciendo de manera paulatina, y sí ha tenido en cambio la perversa consecuencia de encarecer cada vez más los precios de las drogas. Esto ha transformado a los carteles que controlan su producción y comercialización en verdaderos imperios económicos, armados hasta los dientes con las armas más modernas y mortíferas, con recursos que les permiten infiltrarse en todos los rodajes del Estado y una capacidad de intimidación y corrupción prácticamente ilimitada.
Lo ocurrido en México es sumamente instructivo. El presidente Calderón, consciente del enorme riesgo para el funcionamiento de las instituciones que representaba el narcotráfico, decidió combatirlo de manera frontal, incorporando al ejército a esta lucha. Los 50.000 muertos que esta guerra lleva ya en su haber no parecen haber hecho mayor mella en las actividades criminales de los mafiosos, ni haber disminuido para nada el consumo de drogas blandas o duras en la sociedad mexicana, y sí, en cambio, ha desatado una creciente desesperanza y decepción hacia el gobierno, al que se reprocha incluso, con dureza, "haber declarado una guerra que no se podía ganar". ¡Fantástica conclusión! ¿Había, pues, que bajar los brazos, rendirse, mirar para otro lado, y dejar que los pistoleros y traficantes de la droga se fueran apoderando poco a poco de todas las instituciones de México, que pasaran a ser ellos los verdaderos gobernantes de ese país?
Evidentemente, ésa no podía ser la solución. ¿Cuál entonces? La que, con gran mérito, está emprendiendo el gobierno uruguayo. Cambiar de táctica, pues la puramente represiva no sirve y es contraproducente, ya que beneficia a la mafia, a la que enriquece y confiere más poder. En las actuales circunstancias, la primera prioridad no es poner fin a la producción y al consumo de drogas, sino acabar con la criminalidad que depende íntimamente de estas actividades. Y para ello no hay otro camino que la legalización.
Desde luego que legalizar las drogas implica riesgos. Deben ser tomados en cuenta y combatidos. Por ello, quienes defendemos la legalización siempre subrayamos que esta medida debe ir acompañada de un esfuerzo paralelo para informar, rehabilitar y prevenir el consumo de estupefacientes perjudiciales para la salud. Se ha hecho en el caso del tabaco y con bastante éxito, en el mundo entero. El consumo de cigarrillos ha disminuido y hoy día quedan pocos lugares donde los ciudadanos no sepan los riesgos a los que se exponen fumando. Si quieren correrlos, sabiendo muy bien lo que hacen, ¿no es su derecho hacerlo? Yo creo que sí y que no está entre las funciones del Estado impedir a un ciudadano que goza de sus facultades llenarse los pulmones de nicotina si le da su real gana.
Siempre he tenido una gran simpatía por Uruguay, desde el año 1966, en que fui a Montevideo por primera vez y descubrí que América latina no era sólo una tierra de gorilas y terroristas, de revolucionarios y fanáticos, de explotadores y explotados, que podía ser también tierra de tolerancia, coexistencia, democracia, cultura y libertad. Es verdad que Uruguay pasó a vivir luego la atroz experiencia de una dictadura militar. Pero la vieja tradición democrática le ha permitido recuperarse más pronto que otros países y hoy, quién lo hubiera dicho, bajo un gobierno de un Frente Amplio que parecía tan radical, y un presidente de 77 años que fue guerrillero, es otra vez un modelo de legalidad, libertad, progreso y creatividad, un ejemplo que los demás países latinoamericanos deberían seguir.
© La Nacion.
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